




Tras la finalización del contrato de servicio de limpieza viaria concedido a la empresa CESPA, los trabajadores, que ya eran empleados del Ayuntamiento antes de la privatización de dicho servicio, deberían haber vuelto a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento en septiembre de 2009, pero fueron despedidos, contratando incluso a más personal para realizar el mismo servicio de limpieza viaria.
Los trabajadores interpusieron demandas contra el despido y el Juzgado de lo Social declaró improcedentes los mismos, optando el Ayuntamiento por la indemnización en lugar de por la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo, que sería lo justo y una forma de rectificar su injusta actitud de despedirlos.
Militantes de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y del Secretariado Diocesano para la Pastoral del Trabajo, mantuvimos una entrevista con los trabajadores, cuyas edades oscilan entre 49 y 60 años, que llevan ya un mes concentrándose frente al Ayuntamiento de Baeza, reivindicando sus puestos de trabajo.
Precisamente, cuando se presenta una oportunidad para demostrar que se puede gobernar de otra manera, como en muchas ocasiones se manifiesta por parte de las autoridades municipales de signo socialista, distinta a las que llevan a cabo medidas laborales neoliberales, cuando se puede optar por la medida más favorable y justa para los trabajadores, en concreto la readmisión, se les deja en la cuneta.
Este tipo de medidas son las que propician que esté tan desprestigiado el noble ejercicio de la política.
Como cristianos, comprometidos en y con el mundo del trabajo, nos solidarizamos con dichos trabajadores y sus familias en su justa reivindicación: el mantenimiento de sus puestos de trabajo y creemos que, como nos señala la Doctrina Social de la Iglesia: “La administración pública, a cualquier nivel -nacional, regional, municipal-, como instrumento del Estado, tiene como finalidad servir a los ciudadanos: el Estado al servicio de los ciudadanos es el gestor de los bienes del pueblo, que debe administrar en vista al bien común. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia nº 412)
OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS.
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COMUNICADO ANTE LAS DECLARACIONES DE LA SRA. DELEGADA DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN JAÉN ACERCA DEL CIERRE FUTURO DE LOS ALBERGUES TEMPOREROS DE LA CAMPAÑA DE ACEITUNA.
El Secretariado Episcopal de Migraciones y el Secretariado Episcopal de Pastoral Obrera de la Diócesis de Jaén quieren manifestar su honda preocupación ante las declaraciones que ha realizado la representante del gobierno de la Junta de Andalucía en nuestra provincia con respecto al futuro cierre de la red de albergues y su opinión sobre las personas inmigrantes que duermen en la calle tras su estancia de tres días en los mismos. Desde esta parte de la Iglesia Diocesana que tiene la encomienda episcopal de evangelizar el mundo del trabajo y desde la experiencia en acompañar las vidas itinerantes de los trabajadores inmigrantes de los movimientos y los militantes que la componen, vemos:
Que existe una situación inhumana e injusta de los trabajadores inmigrantes que vienen a trabajar a nuestra tierra y que en época de vacas gordas son necesarios y en época de crisis, como la actual, son objeto de rechazo y recelo. La red de albergues se creó desde la iniciativa institucional, no empresarial, para dar respuesta a la mano de obra que éstos necesitaban, ya que la demanda no era suficientemente atendida por los trabajadores autóctonos que rechazaban estas labores y además se crea como reclamo a los trabajadores extranjeros. Ahora que la situación ha cambiado y no se requiere mano de obra inmigrante a pesar de que ellos sí necesitan los albergues, se plantea su cierre.
La situación de las personas inmigrantes se agrava con unas leyes que impiden su integración social y laboral y que los coloca en la ilegalidad y desprotección, en muchos casos a merced de empresarios sin escrúpulos que los someten a condiciones de trabajo de semiesclavitud o a aceptar condiciones de vida y trabajo inhumanas. Por otro lado, observamos que las decisiones que se toman en materia de inmigración están de espaldas a las necesidades reales de los inmigrantes. Además vemos indiferencia institucional, falta de planificación y de recursos destinados a tal fin, ya que no es una prioridad política la atención social a estos trabajadores.
Juzgamos a la luz del Evangelio y teniendo en cuenta los criterios de actuación política que emanan de la doctrina social de la Iglesia que:
1.- La dignidad de la persona está por encima de la racionalidad económica y la planificación. Un sistema organizativo que no tenga en el centro a la persona y que no asuma la responsabilidad ante las víctimas es un sistema deshumanizado e injusto.
2.- La opción por los más pobres es la opción política que puede humanizar nuestra cultura. Necesitamos que a la Política con mayúsculas le quiten el sueño las víctimas de este sistema para que les generen sueños de futuro.
3.- La sociedad civil organizada frente el Estado tiene que actuar siguiendo la verdad que surge de la misma con rotundidad y es la siguiente: Si en la vida de los ciudadanos, de los barrios, de las organizaciones sociales, sindicales, políticas o eclesiales no dejamos que el sufrimiento de estos hermanos nuestros hable con elocuencia nuestra verdad será todo lo racional que queramos pero no será justa y al no serla no será humana y menos aún cristiana. De hecho hemos podido constatar una respuesta civil solidaria tanto individual como organizada, pero hemos echado de menos que esto se correspondiera, de igual manera, por parte de las instituciones públicas.
La vocación política debe estar ligada al servicio de los pobres y estas declaraciones ahondan en un desprestigio de la misma, ya que asistimos a la gran tragedia de tener la capacidad de inventar, descubrir y construir realidades nuevas y al mismo tiempo, ser incapaces de poner justicia en ellas; colaborando además en generar actitudes insolidarias e intolerantes que se acentúan en épocas de dificultad económica y paro.
Ante esta situación y ante las declaraciones vertidas por la señora delegada en un medio de comunicación el domingo día 27 de diciembre, los abajo firmantes nos comprometemos a seguir acompañando la precariedad de estas vidas y a denunciar en nuestros barrios, ambientes, familia, trabajo, los sindicatos, partidos, asociaciones de vecinos…lo que no funciona y lo que de verdad ha empeorado de la recientemente aprobada ley de extranjería de la que el tiempo dirá hasta donde llegan los efectos positivos de los que se habla y, anunciando la necesidad de políticas y medidas de integración social y laboral de los inmigrantes.
Jesús Castro. Director del Secretariado Episcopal de Migraciones
Francisco Cruz. Director del Secretariado Episcopal de Pastoral Obrera.
Diócesis de Jaén.